Este trabajo impulsado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL es el Informe del Estado de situación 2020. Conflictos Mineros en América Latina, Extracción, Saqueo y Agresión: la minería avanza junto al virus. La idea panorámica del documento está construida a partir de la realidad de 13 países de América Latina y el capítulo de Argentina está escrito por Melisa Argento, Lorena Bottaro, Florencia Puente, y Marian Sola Álvarez, integrantes del GECIPE.
Foto: Asamblea Popular por el Agua de Mendoza
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Introducción
El 2020 ha sido un año lleno de incertidumbres para muchas actividades.
En cierta medida, las circunstancias políticas que traían secuelas del año anterior generaban en varios países de la región cierta inquietud en cuanto a lo que sería el comportamiento de la sociedad civil –especialmente los movimientos sociales–, los gobiernos y los mercados durante el presente año.
Rebeliones populares en varios países indicaban que algo estaba en curso en la región; algo ciertamente inquietante para gobiernos extractivistas, empresas transnacionales, inversionistas en varios ámbitos, en especial en los rubros especulativos como la minería.
Por otro lado, globalmente, los compromisos para enfrentar el cambio climático mediante una transición energética impuesta desde las necesidades de los países industrializados, ponía en expectativa al sector minero que miraba con ansias el aumento en la demanda de metales básicos, especialmente el cobre y otros específicos como el litio y el cobalto.
La electromovilidad como respuesta a la quema de combustibles fósiles, sumada a la expansión de las energías alternativas (solar, eólica) y una suerte de ocaso de la minería de carbón bajo la descarbonización de las matrices energéticas en muchos países generaba un nuevo escenario en el flujo de mercancías.
Y los efectos para América Latina no parecían menores pues en la región se ubican algunos de los principales productores de cobre, plata, hierro, litio, estaño.
Junto al entusiasmo de empresas mineras y gobiernos extractivistas se seguía perfilando en el horizonte, –como hemos visto desde hace años–, un incremento de la conflictividad minera, haciendo más difícil la obtención de la tan anhelada licencia social por parte de las empresas. Más difícil aun, bajo la historia reciente de peligros mineros a la sombra de Bento Rodríguez y Brumadinho en Brasil que incrementa el rechazo a la expansión de la minería en América Latina, tanto como los esfuerzos del sector minero por lavar su deteriorada imagen.
La irrupción de la emergencia sanitaria suma un elemento más a la incertidumbre del negocio minero. La amenaza de paralización general de la minería solicitada por comunidades y sindicatos, fue enfrentada con presiones que lograron declarar en muchos países la minería como actividad esencial. Este estatus permitió el desplazamiento masivo de trabajadores mineros aumentando de paso los contagios en el sector y la expansión del virus a comunidades aledañas a proyectos mineros.
Se sumaron a lo anterior medidas legales y administrativas para dar continuidad a los procesos de aprobación de proyectos mineros, flexibilizando trámites, postergando pagos de obligaciones y eximiendo de restricciones a una actividad considerada de las más peligrosas y destructivas del planeta.
No se dejó esperar la respuesta del sector minero, contribuyendo con elementos sanitarios para enfrentar la pandemia, aportando con equipamiento médico y facilitación de insumos para la protección de la salud de la población, especialmente en las ciudades. Paralelamente, aumentaban peligrosamente los casos de contagio entre trabajadores que no habían cesado sus funciones en tiempos de alto riesgo sanitario.
Aunque por sobre todo se evidencia en tiempos de pandemia, la precariedad y el riesgo adicional en los territorios debido a los efectos en la salud de las comunidades vecinas a empresas mineras que sufren la contaminación del aire y la disputa por el agua.
Aun así, comunidades afectadas mantuvieron dentro de lo posible su rechazo a la minería, ahora, además, con la exigencia de paralización por riesgo de contagio. Algo nada fácil sin duda en un contexto de militarización de los territorios y bajo un permanente acoso y atropello a los derechos humanos.