Humberto Montes de Oca, integrante de la conducción del Sindicato Mexicano de Electricistas, repasa en este diálogo la coyuntura energética en su país a la luz de las luchas libradas durante décadas contra políticas neoliberales. La experiencia de su sindicato, devenido en cooperativa, permite reflexionar en torno a la necesidad de una transición sistémica y justa “que no depende solo de cambiar de modo de generar electricidad, sino también de una gestión social en que los propietarios comunes de los recursos naturales, como las comunidades, no sean despojados”, sostiene. 

Por Jonatan Nuñez y Felipe Gutiérrez / Observatorio Petrolero Sur

Humberto Montes de Oca es el secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Trabajador de la empresa estatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro, es uno de los protagonistas de la lucha de las y los trabajadores por resistir los intentos gubernamentales de privatizar el sector y liquidar su organización sindical. Luego de reiterados ensayos de desarticulación que fueron evitados, en octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón firmó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, traspasando su competencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A raíz de ello, los y las electricistas comenzaron un largo recorrido de movilización, acompañado de varias instancias de apelación judicial que naufragaron en enero de 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el decreto de extinción. Pero la resistencia no cesó y en 2015 se abrió una nueva coyuntura para que los y las trabajadoras de la electricidad volvieran a sus puestos de trabajo, aunque ya no bajo la forma de empresa estatal sino de cooperativa. “Viendo que no nos habíamos rendido, pues decidieron negociar con nosotros”, señala Montes de Oca, y destaca que la opción de transformarse en una “cooperativa autogestiva” les significó un gran desafío porque eran sindicalistas y no conocían ese tipo de organización. Luz y Fuerza del Centro Cooperativa agrupa actualmente a cerca de 14 mil trabajadores de los 44 mil que poseía la extinta empresa estatal.

Pese a las complejidades del proceso y el consecuente desgaste que generó en la vida de las y los trabajadores, a partir de esas experiencias de lucha se generaron reflexiones profundas en torno al rol social que le cabe a la energía y los cambios sistémicos que deberían darse en su gestión; en especial en el marco de incertezas en el que la onda expansiva desatada por la pandemia COVID-19 coloca a las sociedades latinoamericanas. En ese sentido, Montes de Oca afirma que “la pandemia y este cruce con la crisis multidimensional sistémica del capitalismo ha generado otras condiciones que valdría la pena reconsiderar en todos los temas, no solo en el de la energía. Para el caso de la transición energética, creemos que pasa por el tema de la propiedad social, no solamente por cómo se genera. No solamente es un tema de medioambiente sustentable sino también de cómo la sociedad gana terreno en la gestión del poder económico y del poder político”.

¿Cuál es la situación actual del sector energético en México?

Estamos en un momento de transición entre lo que fue la aprobación de la reforma energética neoliberal de 2013, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y las medidas que actualmente está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el intento de recuperar el control del sector para el Estado mexicano. No hay una política de renacionalización, ni derogación de la reforma energética neoliberal, sino más bien un intento de contención, de tomar medidas administrativas que permitan recuperar cierto control. No se han tomado medidas antineoliberales, como se pensó al inicio del gobierno de López Obrador, que podría haber tirado abajo algunas reformas estructurales, salvo la reforma educativa.

¿Qué cambió con la reforma energética en el sector eléctrico?

Teníamos un sector eléctrico integrado con un par de empresas públicas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que suministraba energía eléctrica a nivel nacional, y Luz y Fuerza del Centro, de donde venimos, que suministraba electricidad en la zona centro del país (Ciudad de México y estados colindantes), tenían estructura vertical para generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar. El punto nodal de la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue abrir el mercado eléctrico, principalmente en el tramo de generación, y ya no es solamente la empresa pública, en particular la CFE, la que puede generar, sino que hay un mercado, hay subastas y demás.

Eso dejó al sector bajo las leyes del mercado y el mercado no tiene una conciencia social. Para el mercado, la energía es una mercancía que debe generar dividendos, debe generar ganancia. Nosotros hemos planteado que la energía debe ser concebida como un derecho humano y hemos presentado iniciativas de reforma constitucionales para que así sea. Por ejemplo, en Francia a las personas no van y les cortan el suministro: o los subsidian o les dan una ayuda, pero no les cortan. Aquí en México, precisamente en ese período de la pandemia, la CFE, que todavía es empresa pública, va y corta. Entonces, ¿dónde están los derechos sociales garantizados por el Estado? Ahí nos planteamos cómo garantizar ese derecho a la energía ¿Lo público ayuda? Yo creo que sí, pero lo público no es necesariamente el Estado. El Estado puede gestionar, creemos que debe abrirse a la gestión social del tema de la energía, pero tiene que haber una mayor cesión en la administración, en el control de la sociedad, de los trabajadores, de los consumidores y de los científicos de la energía.

¿Cómo fue el proceso de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro?

Nosotros fuimos expulsados del sector público en 2009 por el Ejército y la policía, movilizaron más de 30 mil efectivos y se metieron a los centros de trabajo. El gobierno de Felipe Calderón se gastó más de 700 millones de dólares en publicidad para justificar el golpe. El decreto de extinción está por fuera del marco institucional del estado de derecho. Violentaron la ley federal de Trabajo, la ley de la Administración Pública Federal, todo. Hicieron añicos el estado de derecho en un intento de exterminio de nuestra organización sindical, dado que nuestra organización había luchado durante dos décadas en contra de los intentos de privatización del sector eléctrico nacional.

Nuestra primera reacción fue regresar a los puestos de trabajo y luchar por la derogación del decreto de extinción, eso duró desde 2009 hasta 2010. Después seguimos luchando por la vía jurídica, pero sobre todo por la vía de la movilización social. Para 2013 solo quedábamos en resistencia 16.599 trabajadores de los 44 mil que habíamos sido, 28 mil fueron liquidados con indemnizaciones entre 2009 y 2010. Hubo una campaña mediática y sobornos también por parte del gobierno. Y así hasta llegar a 2015, donde logramos la concesión para el uso y la explotación de las 14 plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro. Logramos también la recuperación de alrededor de 56 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, los que no estaban afectos a la prestación del servicio de la CFE. Y Ahorita, pues, estamos generando electricidad con las plantas. Para la parte correspondiente al sindicato se distribuye, se lleva a una asamblea y la asamblea decide qué hacer con el recurso.

En ese proceso fueron también defendiendo la idea de la transición y soberanía energética, ¿qué significa eso para ustedes?

Creo que en América Latina tenemos un concepto que es básico, que es el tema de las soberanías, porque somos pueblos que somos colonizados, que somos dependientes del imperialismo y demás. Para nosotros el tema es la soberanía energética, ese es un primer eje que trabajamos, precisamente en la defensa de lo público, en la defensa de lo nacional. Pero creo que en el momento actual ya hay otros aspectos que son importantes: considerar la transición energética en términos ambientales y la propiedad. En todo este recorrido que hicimos de lo social, lo privado, creemos que es muy importante reconsiderar el tema de lo estatal, o sea, estamos hoy planteando la renacionalización de la industria, pero también para que ésta se gestione por los trabajadores, por la sociedad y también por el poder político. Pero no como una empresa del Estado, sino que debe haber otra forma de administrar, de gestionar la electricidad en términos de la participación de la sociedad, de los propios trabajadores, de los consumidores.

Una de las cosas muy importantes que hicimos fue la creación de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, en 2010-2011, y actualmente es una de las organizaciones con más capacidad de movilización que hay en la ciudad de México. Esta organización acompañó el proceso de lucha del SME, y declaró la huelga de pagos desde el 2010. Todos nosotros no hemos pagado la electricidad desde 2010. Encontramos un resquicio jurídico administrativo para que las personas que están vinculadas a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía no paguen la luz. Esta huelga de pagos nos hizo enfocar también el tema de la democracia o de la democratización de la energía en términos de participación, no solamente de consumo. Precisamente ahora, con el proyecto cooperativista, estamos diseñando una estrategia para generar cooperativas de consumo y de generación en vínculo con algunas comunidades que tienen recursos naturales. La transición no es solo una cuestión de cambiar de modo de generar electricidad sino también tiene que ver con una gestión social, donde los propietarios comunes de los recursos naturales, como pueblos originarios, comunidades indígenas y campesinas que tienen propiedad, control sobre los recursos, no sean despojados, y que ellos mismos puedan generarse su propia electricidad. Y no necesitas construir grandes megaproyectos invasivos, contaminantes y desculturizantes para poder utilizar esos recursos en beneficio de las comunidades.

¿Cómo crees que se da el proceso de convergencia entre comunidades y las y los trabajadores del sector energético?

En América Latina hay muchas experiencias de cómo se han vinculado trabajadores energéticos con comunidades o cómo las comunidades se autoorganizan para construir cooperativas y hacer un uso social de sus bienes comunes. Eso nos parece muy importante y eso significa la transición para nosotros, pero acá en México no hay muchas experiencias de ese tipo. Nuestro proceso nos ha motivado a replantearnos un conjunto de cosas que van más allá del tema de la energía. No decimos que esto cambia al mundo pero si nos cambia a nosotros, puede cambiar a las comunidades. En eso estamos trabajando ahora, porque la otra es seguir pensando en que la vida es solo sobrevivencia, y yo creo que no se puede seguir así y que los trabajadores tenemos que ir pensando de otra manera.  Las estructuras sindicales son más verticales, de un modo distinto, no quiero decir que unas son mejores y peores, pero los pueblos tienen sus formas de gestionar su democracia y su defensa del territorio y haber participado con ellos nos cambió una visión. Tenemos que buscar una coincidencia y ver en conjunto cómo hacer para poder sostener el trabajo, el empleo y al mismo tiempo no ser invasivo y no pasar por encima de las comunidades. Ese es un conflicto muy difícil de resolver, pero creo que estamos en el momento de asumirlo.

¿Cómo se conjuga ahí lo público y lo social?

Es que venimos de la defensa de lo público. Lo público, para nosotros, es la responsabilidad de garantizar derechos. A medida que el Estado se replegó en lo económico, que se fue desmantelando lo que llaman estado de bienestar, la accesibilidad de tus derechos se fue haciendo cada vez más interrumpida y difícil de lograr. No creemos en la restauración de lo público desde esa visión, del Estado paternalista, corporativo, el Estado que todo hace y decide. Creemos que es importante abrir un espacio de participación, de gestión social de todo: los bienes, la política y la democracia. El modelo anterior, el capitalismo monopolista el Estado, con sindicatos corporativizados, la administración de las empresas públicas en función de los partidos políticos y de los propios gobiernos que se van sucediendo, nos parece que eso ya no va a funcionar. Tenemos que buscar un salto hacia adelante, tenemos que luchar por que lo público sea también social y que esto garantice una gestión democrática no solamente de la energía, también de la salud,  de la educación, etc.

Queremos construir otro futuro con una mayor participación de la gestión social en la administración de los bienes y de la accesibilidad a los derechos sociales, eso es lo que  estamos planteando. No estamos en contra del Estado Nacional, ni mucho menos, pero creemos que no podemos ir hacia atrás, hay que ir hacia adelante. Y claro, confrontando con el capital, porque el capital es quien está detrás del Estado en términos de que se subordina al conjunto de la sociedad a sus intereses, y es ahí donde creemos que hay que dar la pelea.