¿Cómo se vive la pandemia en los territorios afectados por el fracking? ¿Cuál era la situación antes de la emergencia sanitaria y qué alternativas se pueden pensar? Algunas de las preguntas que el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista convocaron a debatir durante un webinar cuyos principales puntos resumimos en esta nota.
Por: OPSur / Foto: Martín Barzilai
No es el cólera, sino el COVID-19 el que nos tiene encerrades en nuestras casas, sin embargo la propuesta de García Márquez sirvió para dar pie a una charla virtual en la que participaron Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur, María Teresa Cañas de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Lefxaru Nawel de la Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche y la socióloga e investigadora del Conicet Gabriela Wyczykier.
Mientras en el mundo se vive la baja estrepitosa del precio del barril de petróleo, en Argentina se ven los primeros efectos del coronavirus con la abrupta caída del consumo de combustible, y se espera que Vaca Muerta profundice su crisis debido a la pérdida de rentabilidad. Fernando Cabrera explica que “la situación internacional, la deuda, la pandemia, la caída del precio del petróleo, generó que se detengan las inversiones sobre Vaca Muerta. El coronavirus frena el consumo de energía y las compañías tienen combustible que no pueden vender. El gobierno de Alberto Fernández aún no dejó claro qué política va a tomar. En este contexto, las compañías y los Estados provinciales empiezan a demandar mayores beneficios: libertad para exportar, posibilidad de girar divisas al exterior. Las provincias petroleras tienen atados sus presupuestos a las regalías y muchas veces funcionan como voceras de las empresas”, sostuvo.
La investigadora Gabriela Wyczykier enfatizó la complejidad del megaproyecto Vaca Muerta: “Articula procesos productivos, urbanos, sociales, financieros, por eso es un megaproyecto. Concentra una esperanza y expectativa pública: el autoabastecimiento energético y un determinado esquema de negocios. Nuestra matriz energética depende del petróleo y el gas, por eso la expectativa pública puesta en Vaca Muerta. Además, hay un carácter subnacional: las provincias se ven beneficiadas por la explotación de hidrocarburos”, aclaró. Para la socióloga, hay un consenso que continúa gobierno tras gobierno respecto de la explotación de Vaca Muerta, y lo ejemplificó citando a Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas, cuando destacó la importancia de los hidrocarburos. “Para la minería y el litio, Fernández hizo la salvedad de estándares ambientales. Sin embargo, los hidrocarburos parecen no generar dudas, se dice que los riesgos son acotados, no se advierte sobre los efectos ambientales y territoriales de la extracción de hidrocarburos no convencionales”, planteó Wyczykier. La investigadora considera que está en duda la viabilidad de Vaca Muerta por factores sociales, ambientales y financieros, pero aclaró que sólo se consideran los financieros a la hora cuestionar la continuidad del megaproyecto.
La asambleísta mendocina María Teresa Cañas contó cómo a partir de la organización de las asambleas se consiguió en 2011 la sanción de la ley 7722 que protege el agua de Mendoza. Esa ley estuvo a punto de ser modificada a fin del año pasado, pero las masivas movilizaciones en rechazo a la medida detuvieron el avance del lobby empresario. Cañas explicó cómo, en 2015, se obtuvo la constitucionalidad y plena vigencia de la ley. Relató, además, cómo fue la llegada del fracking a su provincia: “La empresa El Trébol, asociada a Daniel Vila y José Luis Manzano, hizo la primera perforación sin ningún permiso legal ni regulación en 2017. Recién a fines de ese año, el gobierno llamó a una audiencia pública para hablar sobre la reglamentación de Vaca Muerta. En marzo de 2018, a través de un decreto, el gobierno dio el ok para hacer fracking sin medir el impacto ambiental, sólo con una planificación de proyecto. Por eso a la lucha por la protección del agua en Mendoza se suma la lucha contra el fracking“, agregó Cañas. “Queremos una Mendoza libre de megaminería y de fracking. Redoblaremos nuestros esfuerzos para que haya áreas naturales protegidas y que se proteja la cuenca del Río Mendoza. También luchamos contra el agronegocio”, planteó y destacó las redes de solidaridad de las distintas asambleas en la provincia, a nivel nacional y con organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y de derechos humanos.
Por su parte Lefxaru Nawel, integrante de la Confederación Mapuche, planteó la preocupación por la situación de la pandemia COVID-19 pero agregó que también están en peligro por la contaminación y que son más de 30 las comunidades afectadas por la explotación de Vaca Muerta. “La etapa anterior al fracking fueron décadas de extracción de petróleo convencional con Estados que no controlaron, sólo dieron los permisos. En el 2008 hicieron los primeros pozos de fracking. Nuestra Lonko Cristina Linkopan falleció a causa de la contaminación”, lamentó Nawel y agregó que sufren la criminalización por parte de las Fuerzas de Seguridad, intensificada a partir de la gestión macrista con el refuerzo de la Gendarmería en la zona. Además, detalló algunos de los efectos del fracking: “Quisiéramos no tener razón en las denuncias que hacemos desde el comienzo del fracking. Se incrementó la población pero no los derechos básicos, se deteriora la calidad de vida, hoy los sismos son una realidad cotidiana en la zona de explotación de Tecpetrol”, explicó Newel, haciendo referencia a la petrolera de Paolo Rocca, dueño de la empresa Techint, que durante la cuarentena despidió a 1500 trabajadores. En este sentido, Newel aseguró que la industria petrolera tiene poder para presionar a los gobiernos provinciales y exigirles que actúen como sus voceros.
Al cierre de la conversación, se anunció que se realizará otro encuentro virtual en dos semanas, el 16 de abril, para profundizar la reflexión hacia posibles alternativas de transición energética.