Hace años que Vaca Muerta emerge como la respuesta a la crisis de autoabastecimiento energético y al relanzamiento de la capacidad exportadora del país. ¿Son reales estas expectativas? ¿Y las consecuencias socioambientales?
Por Juan Acacio* y Gabriela Wyczykier** / Foto Tony Valdez / Marcha
Al comienzo de su gestión, Alberto Fernández decidió encarar distintas medidas en una economía agonizante, con la perspectiva de virar la orientación neoliberal de su antecesor, Mauricio Macri. Inyectar ingresos en los sectores más vulnerables se consideró, entonces, urgente, mientras que las propuestas destinadas a retornar a la senda del crecimiento económico se establecieron al compás de las negociaciones de la cuantiosa deuda externa contraída en años anteriores.
Algunas estrategias de desarrollo, sin embargo, se confirmaron en la antesala del giro vertiginoso que la pandemia del COVID-19 asestó en el capitalismo global: los hidrocarburos como propulsores de la economía, Vaca Muerta como recurso preciado para este objetivo y la regulación de una nueva Ley de Hidrocarburos destinada a sostener la esperanza depositada en las reservas de hidrocarburos no convencionales.
La urgencia sociosanitaria de la pandemia abrió, sin embargo, un paréntesis en estas proyecciones políticas. Así, mientras en el mes de enero el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, destacaba a Vaca Muerta como una pieza central para hacer frente a la deuda más grande de los últimos 30 años, en abril Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, declaraba que: “Vaca Muerta es una reserva muy significativa, pero claramente en este contexto internacional y local es un tema que tendrá que esperar”.
Vaca Muerta ha enamorado a la dirigencia política desde la primera extracción de shale en la cuenca neuquina en 2011, cuando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking, hizo posible la obtención de hidrocarburos de difícil acceso en el país, colocando a la Argentina en el segundo y cuarto lugar entre los países con mayores reservas de petróleo y gas no convencional.
El consenso que rodea a Vaca Muerta debe ser objeto de reflexión a la luz de una serie de dimensiones que complejizan la visualización de este megaproyecto productivo y extractivo como esperanza pública en el contexto actual. Para abordarlas podemos distinguir dos interrogantes centrales: ¿Qué implica Vaca Muerta en la expectativa pública? ¿Cuáles son las advertencias de distintas organizaciones financieras, sociales y ambientales con respecto a su viabilidad y sus impactos sobre el territorio y el ecosistema?
La pandemia en Vaca Muerta
Luego de la generalización de las altas tasas de contagio que comenzaron en la ciudad china de Wuhan, las alarmas se encendieron con fuerza en el capitalismo mundial. La pandemia puso en jaque al sistema productivo y de consumo que lo sostiene, así como a los horizontes de la especulación financiera. Ello sucedió raudamente, y uno de los indicadores que indica la gravedad de la crisis sistémica que atravesamos ha sido el desplome sin precedentes del precio del petróleo, que en la última década había sido fluctuante de todos modos. En los últimos doce meses, el precio del barril de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) descendió un 73,63%.
En el año 2008 había alcanzado un precio máximo de US$140,73, y cayó a su precio mínimo, de US$12,22, el 22 de abril de este año. La cotización internacional tomada como referencia en la Argentina, el BRENT, también sufrió fuertes contracciones en las últimas semanas: se desmoronó en el mes de abril de US$26 a US$17,64, para ascender nuevamente en los inicios de mayo a un precio de US$24,23. Ello afecta ostensiblemente a la industria de los fósiles en el país, cuyos costos de extracción, en promedio, giran en torno a los 40 dólares, según demandan distintas empresas para invertir en la actividad.
De los 30.000 kilómetros que ocupa la formación geológica Vaca Muerta, que recorren mayormente la Provincia de Neuquén, Río Negro, y en menor proporción Mendoza y La Pampa, solo el 3% se encuentra en explotación en la actualidad. Cuando en 2011 se concretó la primera extracción a través del frackingen Neuquén, el gobierno avizoró una esperanza que relanzaba nuevamente el potencial nacional para producir hidrocarburos, luego de sufrir la pérdida de autoabastecimiento ocurrida en los primeros años del siglo actual. El desarrollo de Vaca Muerta se vinculaba a la posibilidad de satisfacer la demanda de la matriz energética del país, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles (54% gas natural y un 31% de petróleo, según el Balance Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minería de la Nación de 2017), como también a mejorar el perfil exportador de la Argentina, ambas aspiraciones convalidadas por el aumento progresivo del consumo de energía a nivel global, y de los hidrocarburos en particular. Efectivamente, según la Agencia Nacional de Energía, la demanda a nivel mundial había crecido durante 2018 en un 2,3%, resultando un incremento mayor en comparación al resto de la década. El consumo del gas natural fue particularmente prominente en países como Estados Unidos y China.
La crisis actual de producción en la pandemia asestó, por lo tanto, un golpe trágico sobre el sector hidrocarburífero en general, y de los no convencionales en particular. En el nivel subnacional, ello se advierte en la parálisis productiva y en sus efectos sobre los ingresos que perciben las provincias petroleras, pero también sobre el empleo y las distintas actividades relacionadas con la actividad.
La Provincia de Neuquén, por caso, dejó de percibir en concepto de regalías, entre marzo y abril, alrededor de 1.900 millones de pesos. Con la producción prácticamente detenida, y las refinerías cubiertas de petróleo sin colocar en el mercado, las y los trabajadores del sector no pueden operar, en tanto las negociaciones entre el sindicato que les representa y las empresas se dirigen a una disminución de entre el 40 y el 50% de los salarios. Ello resulta más dramático si tenemos en cuenta que, por cada empleo directo, se crean dos trabajos indirectos, relacionados con negocios inmobiliarios, de comunicación, de construcción, y de finanzas, entre otros.
En consecuencia, afectada la actividad de la producción de los hidrocarburos, de difícil acceso por una crisis de carácter global, claudicar de las proyecciones y expectativas públicas existentes no es un punto en discusión en la agenda política, hasta el presente. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre un conjunto de advertencias respecto de la actividad extractiva en Vaca Muerta de cara al futuro.
La viabilidad de Vaca Muerta en cuestión
La viabilidad de este megaproyecto debe ser revisada como proyecto político, económico y productivo en el mediano y largo plazo, si tenemos en consideración aspectos financieros, tecnológicos, ambientales, territoriales y sociosanitarios que acentúan la complejidad del análisis de Vaca Muerta.
La volatilidad a la que están atados los precios internacionales del petróleo genera demandas de los inversores y las empresas productoras hacia los estados nacionales para sostener la rentabilidad en el mediano y largo plazo, que se plasman en distintas medidas para la regulación de precios y el otorgamiento de subsidios. En ese sentido, el “barril criollo” es utilizado por los gobiernos para colocar un precio sostén del petróleo en el mercado interno que garantice a las empresas no perder rentabilidad ante las oscilaciones del mercado. La suma de 45 dólares ha sido anunciada por el gobierno en mayo para garantizar la continuidad de la actividad, lo que implica que la nafta que abonan los consumidores quede desacoplada una vez más de la baja del precio internacional del petróleo.
La dependencia de los subsidios estatales, particularmente de la industria no convencional, es preocupante. En el caso del gas, el gobierno de Mauricio Macri sostuvo una política de fuertes transferencias al sector: por cada dólar que recibió el Estado en concepto de regalías, otorgó en subsidios 3,5 dólares en 2016, 1,7 dólares en 2017, y 1,3 dólares en 2018. En consecuencia, los recursos públicos erogados hacia las empresas fueron mayores que los ingresos recibidos[1]. Los importantes aumentos efectuados a las tarifas para consumidores y para el sector productivo durante su gestión no pueden dejar de mencionarse en esta línea.
Al mismo tiempo, el Estado nacional y el provincial debe realizar cuantiosas inversiones en infraestructura, necesaria para que el megaproyecto Vaca Muerta se desarrolle: rutas, transportes, gasoductos y servicios urbanos. Con la crisis fiscal acuciante que denuncian los sucesivos gobiernos, las arcas públicas continúan orientando recursos críticos hacia la actividad.
Estos señalamientos resultan aún más problemáticos si tenemos en cuenta que la producción de gas y petróleo no convencional cae normalmente entre un 60 y un 90% al cabo del primer año de operación. Precisamente por ello, la actividad es extensiva en el territorio e implica múltiples perforaciones en la búsqueda de ganancias, al tiempo que requiere de una inversión económica notable.
Vaca Muerta ha estado en el ojo del huracán por una serie de cuestionamientos provenientes de distintos movimientos sociales, organizaciones ambientales y de los pueblos originarios mapuche, ya que se violaron sus derechos por la entrada sin consulta previa de las empresas a los territorios comunitarios indígenas. Además, la técnica de la fractura hidráulica es fuertemente cuestionada a nivel local y mundial por la gran cantidad de agua que consume y por sus impactos en la contaminación de acuíferos, de los suelos, y del aire, sobre todo por la liberación de gas metano al ambiente que favorece al calentamiento global. El tratamiento de desechos también fue cuestionado: los “basurales petroleros” fueron expulsados del ejido urbano en Neuquén y trasladadas a las zonas aledañas del poblado de Añelo, pero nada garantiza un seguro tratamiento de estos materiales que crecen al ritmo de la extracción. Derrames de grandes dimensiones, incendios y la ocurrencia progresiva de sismos de carácter antropogénico en el corazón de la extracción de los no convencionales son denunciados por distintas organizaciones sociales, ambientales y pobladores.
En tiempos de una pandemia sociosanitaria y de producción de fósiles, es menester interrogar el consenso político sobre Vaca Muerta, por las considerables erogaciones e inversiones monetarias colectivas y privadas que requiere y por los impactos socioecológicos y territoriales que implica. En el marco de un proceso de transición energética que acontece a nivel global ello resulta central, al mismo tiempo que los barcos cargados de petróleo navegan con rumbo incierto.
* Investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La Plata), CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)
** Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)